La división del espacio social entre la esfera privada del hogar y el ámbito público es un legado de la revolución industrial, cuyas ramificaciones en la desigualdad de género son numerosas y persistentes. En ese sentido, la división del trabajo ha desempeñado un papel crucial: el hogar ha estado reservado al trabajo no remunerado de las mujeres, invisible y escasamente valorado, mientras que el trabajo remunerado, tradicionalmente realizado por el hombre como ‘sostén económico de la familia’, se circunscribía a la esfera pública.
Para las mujeres, trabajar en el hogar ha sido a menudo la única forma de conciliar el trabajo no remunerado (como el cuidado de los hijos, por ejemplo) con el empleo remunerado. Así, los empresarios ‘autorizan’ a las mujeres a trabajar desde su hogar, donde soportan condiciones de trabajo menos propicias, gozan de menor autonomía y trabajan en un entorno mediocre.
La pandemia ha reavivado el debate
Antes de la pandemia, cerca del 60 % de las personas que teletrabajaban eran mujeres. Posteriormente esta cifra se ha ampliado, ya que desde entonces el 41 % de las mujeres (frente al 37 %) de los hombres de la Unión Europea han comenzado a trabajar desde el hogar. ¿Qué cabe esperar que ocurra en el futuro? La brecha se va a profundizar. En efecto, se calcula que la proporción de mujeres que ejercen profesiones que se prestan al teletrabajo es mucho más elevada que la de hombres que desempeñan dichas profesiones (45 % frente a 30 %, respectivamente).
Entre la carga doméstica inherente a su presencia en el domicilio y el deber de teletrabajar, estos teletrabajadores (y principalmente las mujeres) no solo corren el riesgo de volver a sufrir la percepción de que el único trabajo ‘de verdad’ es el que se ejerce en la esfera pública; además, podrían carecer de suficiente protección por parte del Derecho laboral: el trabajo doméstico queda fuera de la protección de este, e incluso el trabajo remunerado que se realiza en el domicilio está sometido a una intervención mucho menos rigurosa del Estado.
Los retos del teletrabajo
Teniendo en cuenta los riesgos de aislamiento, de falta de respaldo social, de acoso y de violencia en línea — una amenaza que, de nuevo, se dirige principalmente contra las mujeres — que lo acompañan, el teletrabajo es una fuente de riesgos psicosociales (RPS) que tienen un impacto directo y acumulativo en la salud de los trabajadores. El origen de estos riesgos, en especial la elevada carga de trabajo o la vigilancia remota, es ajeno al control de la persona afectada. Esto dificulta la adopción de medidas preventivas, que deben pasar por una acción colectiva.
Esta abarca cambios en el entorno físico, social y jurídico. La elaboración y aplicación de disposiciones en materia de seguridad y salud son especialmente cruciales. Sin embargo, debido a la separación presuntamente binaria entre el espacio público y el privado, hasta el momento ha sido difícil promover una legislación relativa a temas que, aparentemente, pertenecen al ámbito ‘privado’.
Oportunidades positivas
A medida que el hogar se ha ido convirtiendo en un lugar de trabajo habitual, resulta ya imposible defender los postulados sociales que defienden que las actividades realizadas en el espacio físico del domicilio sean secundarias – o incluso que no se consideren un trabajo. Se necesita una regulación que proteja el bienestar de las personas que trabajan en el hogar, sus condiciones de trabajo, su intimidad y su capacidad para separar el trabajo de la vida privada. Este cambio no solo podría tener efectos positivos y transformadores en la forma en que se perciben los (tele)trabajadores a domicilio y la protección que les brinda la ley, sino también en la consideración del trabajo doméstico no remunerado.
Es preciso imponer obligaciones legales a las empresas, como el ‘derecho a desconectar’, con el fin de prevenir los riesgos para la salud física y mental de las personas que trabajan desde el hogar. Es necesario garantizar la autonomía de los trabajadores en materia de espacio y tiempo de trabajo, de forma que el teletrabajo no beneficie principalmente a las empresas y que las personas que trabajan en su domicilio no sufran menoscabo en sus condiciones de trabajo, sus oportunidades profesionales y el apoyo recibido.
Los convenios colectivos y la integración del género en la regulación del teletrabajo deberían contribuir de manera determinante a alcanzar soluciones duraderas. Estas medidas deberán ir acompañadas de una participación equitativa de los hombres en los cuidados, unas políticas decididas en favor de la familia e inversiones en servicios de guardería.
This piece was written as part of the ‘Future of Remote Work’ project at the European Trade Union Institute, with an edited volume due in early 2023.
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