Este año ha experimentado Europa un creciente flujo de personas que huyen de guerras civiles y estados fallidos. Según la Organización Internacional de Migración, llegaron aproximadamente 350.000 personas entre enero y Agosto de 2015 por mar a Europa (en comparación, en 2014 llegaron 219.000 personas): Unos 235.000 han llegado a la Grecia en crisis, 114.000 a Italia y poco más de 2.000 a España.
Son muchos refugiados, pero mucho menos de los refugiados sirios que se encuentran actualmente acampados en Turquía (1,9 millones), en el Líbano (1,1 millones) y en Jordania (629.000) – unos países que son considerablemente mucho más pobres y pequeños que la UE. La ACNUR habla de que nueve de cada diez refugiados que llegan a Grecia vienen de siria, Irak y Afganistán. Por otro lado, casi la mitad de los que llegan a Italia huyen de Eritrea, Somalia, Sudán y Siria, todos países que tienen guerras o en los que se violan los Derechos Humanos a gran escala.
Por sus acciones o su inacción, varios estados miembros de la UE han contribuido a generar el caos del que huyen los refugiados. Sólo hace falta pensar en las operaciones militares de Francia o Gran Bretaña en Libia, para las que no existía ningún plan posguerra y que dejaron sumido al país en una espiral de violencia de guerra civil. También deberíamos recordar la participación de varios países europeos en las guerras lideradas por EEUU durante la era Bush, las que contribuyeron a desestabilizar Medio Oriente y a crear el suelo fértil para el reclutamiento del ISIS.
Sin embargo, Europa no se está planteando actualmente sus errores del pasado y su responsabilidad en las circunstancias actuales. En la UE, el debate se ha centrado hasta ahora en el fortalecimiento de los controles fronterizos (como si esto fuera a resolver la crisis humanitaria), en la relación entre la inmigración y el terrorismo, y en si los migrantes deben ser reubicados sobre la base de cuotas nacionales obligatorias decididas por la Comisión Europea, o más bien siguiendo las propuestas voluntarias de los estados miembros. Algunos Estados miembros se han distinguido con un enfoque más generoso – sobre todo Alemania, para dar la bienvenida a un gran número de refugiados en su territorio, y Suecia, que el año pasado aceptó el mayor número de solicitudes de asilo en proporción de su población total. Sin embargo, en otros lugares el panorama es mucho más sombrío: los estados miembros de Europa del Este, el Reino Unido y Finlandia se encuentran entre los más firmes opositores de cuotas obligatorias para la reubicación de los inmigrantes en la UE.
Muchos líderes europeos no parecen estar preocupados por la dimensión humanitaria de la catástrofe que ya ha comenzado a llegar a sus países. Para el primer ministro eslovaco, Robert Fico, por ejemplo, el 95% de las personas que ahora están tratando de entrar en la UE a través de Grecia, Italia y Hungría son inmigrantes económicos y no refugiados. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, los ha calificado como "inmigrantes ilegales" y está tratando de evitar que entren en el espacio Schengen con una valla en la frontera con Serbia. Para Fico y Orban, la crisis actual debe enmarcarse en términos de la migración ilegal y la posterior repatriación a sus países de origen. Sus intentos de distorsionar la realidad tienen una razón legal: bajo la Convención de Refugiados de la ONU de 1951, los estados de la UE deben ofrecer refugio y protección a aquellos que pueden demostrar que están escapando de la guerra y la persecución.
Aparentemente inconscientes de la historia reciente de Europa, policías checos marcaron a los migrantes con números en los brazos y las manos, mientras que Hungría utiliza a presos para construir una valla en la frontera con Serbia. Cuando se les presiona para que acepten a un (pequeño) número de migrantes, los primeros ministros de Eslovaquia y Polonia dijeron que ellos estaban dispuestos a aceptar a unas pocas familias de refugiados cristianos. Además de exponer abiertamente su intolerancia religiosa, esta postura está en claro conflicto con los valores básicos de la UE y su apoyo declarado de "una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres" (artículo 2, Tratado de la Unión Europea).
El desprecio de los valores europeos y las disputas entre los estados miembros sobre la reubicación de los migrantes han expuesto – en palabras de Ivan Krastev – la crisis profunda en el corazón del proyecto europeo. Sus raíces no se encuentran en el actual flujo de refugiados procedentes de las regiones devastadas por la guerra. Es más bien el resultado del rechazo de numerosos europeos a identificarse con los valores que se defienden en el papel, de realmente confrontar el pasado xenófobo de sus países y de la instrumentalización constante de las cuestiones humanitarias, como la migración. Al tratar a los políticos chovinistas, de derechas como interlocutores dignos, e incluso aceptarlos en el gobierno, las instituciones de la UE y algunos Estados miembros han contribuido en gran medida a la generación de la crisis. Al permitir los discursos xenófobos en las instituciones del estado, estos se convierten en un fuerte catalizador para su difusión en la sociedad. Por lo tanto, es necesario formular un nuevo discurso europeo que haga hincapié en los derechos humanos, la solidaridad y la no discriminación. Este sería el primer paso para evitar una mayor radicalización de la crisis.
The disregard of European values and the quarrels among member states over the relocation of migrants have exposed – in Ivan Krastev’s words – the deep crisis at the heart of the European project. Its roots are not to be found in the current influx of refugees from war-torn regions. It is rather the result of the failure of numerous Europeans to identify with the values that they advocate on paper, of genuinely confronting the xenophobic past of their countries and of the constant securitization of humanitarian issues such as migration. By treating chauvinist, right-wing politicians as worthy interlocutors, and even accepting them in government, EU institutions and some member states have largely contributed to crafting the crisis. Allowing xenophobic discourses in state institutions is a strong catalyst for their dissemination in society. Hence, formulating a new European discourse that emphasizes human rights, solidarity and non-discrimination is the first step towards avoiding the further radicalization of the crisis.
Este artículo fue publicado originalmente por el Instituto Finlandés para Asuntos Internacionales.
Traducción: José Luis Martínez Redondo